Este lunes 7 de noviembre se realizó el “Diálogo participativo territorial” de la Región de Tarapacá, convocado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través del delegado presidencial regional, Daniel Quinteros, en el marco del proceso de formulación de la Política Nacional de Migración.
Estas jornadas de conversación se están realizando a nivel nacional y tienen como finalidad recoger los aportes y visiones de diferentes estamentos de la sociedad, frente a los objetivos y acciones que deberá adoptar el Estado para promover una migración ordenada, segura y regular.
Esta iniciativa da cumplimiento al mandato legal establecido en la Ley 21.325, según la cual el Presidente, con la asesoría del consejo de política migratoria, definirá la política nacional de migración y extranjería, considerando la realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país; la promoción y respeto de los derechos humanos del migrante; la política de seguridad y control de fronteras; y el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante.
El “Diálogo participativo territorial” de Tarapacá, realizado en el edificio convenciones de Zofri, fue guiado por la directora regional (s) del Servicio Nacional de Migraciones, Elizabeth Ramírez, y contó con un panel de expertos, el diálogo de las mesas temáticas y la presentación final de los representantes de cada mesa.
El delegado presidencial regional de Tarapacá, Daniel Quinteros, moderó el panel de expertos que contó con la participación de Marcela Tapia, académica de la Universidad Arturo Prat e investigadora del Instituto de Estudios Internacionales; y el obispo de la diócesis de Iquique, monseñor Isauro Covili.
Luego se desarrollaron los diálogos de cada mesa divididas en cinco temáticas: integración e inclusión social, convivencia y comunidades de acogida, territorio y descentralización, sujetos de especial protección internacional, y desarrollo económico y productivo.
En las mesas temáticas participaron académicos de la Universidad Arturo Prat y de la Universidad de Tarapacá, representantes de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes, Instituto Católico Chileno de Migración, Asociación de Industriales de Iquique, Servicio Nacional de Migraciones, Unicef, Servicio Jesuita a Migrantes, Hogar de Cristo, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, Caritas Chile, Agencia de la ONU para los refugiados, Organización Internacional para las Migraciones, representante de la comunidad colombiana, además de los seremis de Desarrollo Social y Familia, Cristian Jara; de Trabajo y Previsión Social, Ignacio Prieto; y de la Mujer y Equidad de Género, Noemí Salinas.
Todos los integrantes participaron en un espacio de conversación intersectorial, para identificar brechas y levantar propuestas de objetivos de la política nacional de migración, con perspectiva regional y local. Además, cada mesa eligió a su representante, quien tuvo que presentar al pleno un resumen con las principales conclusiones.
Los resultados de cada mesa fueron registraos por los y las facilitaores/as. Dicha información será sistematizada por región y luego compartida al nivel central y a los/as propios participantes, en un documento de la “Etapa participativa del proceso de formulación de la política nacional de migración”.
Tras la jornada de diálogo, el delegado presidencial Daniel Quinteros, se refirió a la construcción de una nueva Política Nacional de Migración y valoró que “por primera vez nuestro país va a contar con un instrumento que permita dar respuesta a las distintas realidades que tienen las migraciones en nuestro país y a las movilidades en general”.
Asimismo, Quinteros destacó que en este diálogo territorial “no participaron solamente quienes trabajan con grupos migrantes, sino que también algunos sectores productivos que son muy importantes, porque nos permiten también visualizar las oportunidades de integración que tienen hoy día estos flujos”.
Finalmente, el delegado indicó: “Esto se está realizando en todo Chile y va a tener como resultado, justamente, una propuesta de política nacional para el país, para poder gestionar este fenómeno de la mejor manera posible y evitar los costos que también ha tenido para la comunidad de acogida”.
Volver